En España un juez de fama internacional, admirado por los progres de la tierra, perseguido como divo de farándula por paparazis y fotorreporteros está en medio de un proceso, acusado de prevaricación y sujeto a juicio según dictamen del Tribunal Supremo de su país.
Tanto la izquierda en el interior de España, como sectores del exterior la han emprendido en contra de esta acción de las instituciones pertinentes de la justicia española. Y es que se trata de Baltazar Garzón, mismo que, vengador errante, ha atraído los reflectores del escenario internacional cuando dictó el arrestó e inició proceso al dictador chileno Augusto Pinochet, cuando movió fichas para enjuiciar a Henry Kissinger, a militares argentinos de tiempos de la dictadura, y al premier italiano Segio Berlusconi. Ha empuñado además su “espada justiciera” lo mismo contra el gobierno de Estados Unidos por la prisión de Guantánamo o incluso la guerra de Iraq, como para ordenar el arresto de Osama Bin Laden, máximo líder de AL Qaeda. Sus pasadas acometidas contra ETA y sus compinches solapados ha sido valiente, vertical y siempre desde la ley.
El astro juez soporta tres cargos. Uno consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional, de lo cual fue advertido oportunamente por sus superiores en la judicatura. Esto tipifica un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). Otra acusación implica prevaricación y cohecho por el dinero que recibió de un banco español. Cuando ejercía en la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes le había entregado 302.000 dólares (260.000 euros) para organizar dos series de coloquios. Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella.
De nuevo por unanimidad, el 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados con sus abogados defensores. Esto en un caso de presunta corrupción con implicaciones partidarias.
En resumen el juez Garzón: 1ro) desoyó advertencias e instruyó diligencias en contra de leyes vigentes; 2do) no se inhibió y rechazó una querella contra un banco que le había facilitado plata y 3ro) intervino las comunicaciones imputado-abogado en grave incumplimiento de las garantías constitucionales.
El New York Times, las madres de la Plaza de Mayo y, como dije, los progres de la tierra la han emprendido contra los jueces y las instituciones en España que se han limitado a cumplir las leyes a las que están sujetos todos los ciudadanos por igual. El irrespeto a las instituciones es moda peligrosa que la izquierda se empeña en implantar sin pudor alguno. La fuerza detrás de todas estas imposturas es la enfermiza ideología. Ahora se quiere arrebatar la venda que ha portado siempre el símbolo de la justicia e inclinar su balanza justiciera con parcialidad dolosa, según las presuntas malas motivaciones de la acusación y las buenas intenciones de los transgresores de la ley. El quiebre de la institucionalidad, la equidad y la propia supervivencia de nuestras sociedades basadas en el estado de derecho enfrenta la amenaza de un peligro formidable: la globalización de la ideología.
