Ian Pearl nació con distrofia muscular y a sus 37 años vive con un respirador artificial. Su compañía aseguradora decidió retirarle su cobertura porque los gastos eran muy elevados. Esto, naturalmente equivale a una condena a muerte. El caso ha servido para que legisladores estatales de New York presentaran un proyecto de Ley que obligaría a las compañías de seguros de salud a requerir la aprobación del gobierno para retirar o hacer cortes en la cobertura médica a personas con enfermedades crónicas.La realidad es que el consabido acceso a las urgencias médicas de los hospitales, para todo paciente en situación grave y aguda es un consuelo para tontos, como se suele decir, de parte de los opulentos que defienden el actual sistema de cuidado médico en la primera potencia mundial. Las afecciones cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades degenerativas como la de Ian, y otras muchas condiciones de carácter crónico son, con mucho, las principales causas de mortalidad y de dolorosas limitaciones a la calidad de vida de millones de pacientes.
La facultad de las compañías médicas aseguradoras para suspender o reducir la atención de los enfermos crónicos es una especie de eutanasia gradual consentida indirectamente. La intención de los legisladores estatales es plausible, pero la magnitud del problema reclama a gritos que la solución sea incluida en la reforma de salud que se tramita a nivel del congreso federal. Ya sabemos que existen muchos intereses encontrados y sectores políticos que desconfían, no sin razón, de la administración pública y del intervencionismo estatal, pero en cuestiones que deciden la vida o la muerte de los ciudadanos, toda reticencia es mezquindad.
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